sociedad

“A mis amigos (as) y compañeros (as)”

De mi mayor consideración y aprecio

Algunos dicen que no es necesario dar explicaciones a los amigos, porque nos conocen y no te las pedirán, y obviamente menos habría que darlas a los “enemigos”, ellos nunca nos creerán, sin embargo, como quiera que ustedes han sido leales y solidarios amigos a toda prueba, me siento en la obligación de informarles a propósito de una acción maliciosa a la cual le hemos hecho frente con paciencia,  la resolución templada y la verdad por delante.

Como saben y fue divulgado por los medios de comunicación de masas, el 3 de enero de 2017, hace ya más de 18 meses, un adversario político, sin indicio alguno en nuestra contra, ni prueba sumaria, presentó ante el Ministerio Público una “denuncia” contra el ex Presidente Torrijos y mi persona por el supuesto delito de “enriquecimiento injustificado”.

Inmediatamente la “Fiscalía Especial Anticorrupción” acogió la “denuncia”, sin que hubiese mérito para ello por no existir prueba idónea con el libelo de denuncia, e inició una investigación.

El 20 de enero de 2017 con absoluta ausencia de elemento incriminatorio, ni evidencia alguna que sirviera para justificar la emisión de una providencia, la agente de instrucción remitió OFICIOS A TODOS LOS BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS para que enviaran toda la información bancaria, los movimientos y transacciones de mis cuentas desde el año 2003 en adelante.

Toda esta información que le fuera remitida por los bancos, fue literalmente hurgada por la fiscalía sin que encontrasen un sólo dólar mal habido, o alguna cuenta sin justificación o sustento.

Mis declaraciones patrimoniales debidamente notariadas y entregadas a la Contraloría General de la República en septiembre de 2004;  en 2008 y  julio de 2009, demostraron el origen y estado de mi patrimonio familiar, el cual no tuvo ningún incremento, sino todo lo contrario.

Soportamos de manera estoica el escrutinio procesal indiscriminado y absoluto de la fiscalía y finalmente emiten una vista fiscal, en la que en total desatención de la Ley, solicita un “archivo del expediente”, solicitud que fue acogida y reiterada por el Juzgado de primera instancia, cuando lo que cabía era un “sobreseimiento definitivo”, es más, en realidad, la investigación nunca debió haber sido abierta por falta de uno de los elementos de procedibilidad que exige la Ley.  Pero bueno, investigaron a fondo y no encontraron nada indebido, ni en mi actuación como servidor público, ni en mi patrimonio, porque nunca he tenido nada que esconder.

No obstante, no quedamos conformes y aunque sabemos que a fin de cuentas se trata de un manejo con intenciones “politiqueras” el que se nos aplicó, interpusimos una apelación ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia, a fin de que corrigieran el “error de criterio”.

El 15 de mayo de 2018, dicha instancia superior reitera la disposición de “archivar el expediente”, sin entrar en el fondo de los argumentos de mi abogado, quien sustentó de manera contundente la calificación que debe aplicarse: sobreseimiento definitivo”.

Para vuestro conocimiento transcribo la parte sustantiva de la decisión del Segundo Tribunal Superior, cito:

SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ.

PANAMÁ, quince (15) de mayo de dos mil dieciocho (2018).

 AUTO 2A INST. NO.-60

razón por la cual la agencia de instrucción solicitó el archivo de las sumarias, el cual corresponde a un cierre del sumario con carácter definitivo, y que no permite la reapertura del mismo.

 De esta forma, este tribunal colegiado procede a confirmar la decisión primaria, que fue elevada a apelación, consistente en el archivo de la presente causa/ lo cual bajo ninguna circunstancia puede ser reabierta/ pues el archivo equivale a un cierre definitivo de investigación.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el Auto de Archivo No. 23, de 20 de diciembre de 2017, dentro de las Sumarias en Averiguación, por el delito Contra la Administración Pública …

DEVUELVASE Y NOTIFIQUESE,

MAG. ]OSÉ HOO JUSTINIANI    MAG. SECUNDINO MENDIETA GONZÁLEZ  MAG. WILFREDO SAENZ FERNANDEZ

 MARIA ELENA GARCIA , SECRETARIA AD-HOC

(cierre de la transcripción).

Así las cosas, hemos tomado la decisión de aceptar el fallo de los Magistrados, toda vez que podemos entender que el “archivo definitivo del expediente”, debe interpretarse como un sobreseimiento.

Al final estoy tranquilo, con mi conciencia limpia;  mi trabajo y trayectoria han sido siempre en el mejor interés del Estado, por el bien común, la soberanía y el desarrollo.

Mi práctica profesional en el servicio público ha sido con apego a la Constitución y a la Ley; con rectitud y dedicación;  obramos de buena fe en cumplimiento de las normas, los procedimientos y los objetivos trazados.

No ha habido, ni hay una sola mención, ni prueba, ni “delación eficaz”, ni evidencia, en Panamá, ni en ninguna otra parte del mundo que me señale por haber cometido algún acto antijurídico o ilegal.

Como ha quedado en evidencia, nuestro patrimonio está plenamente justificado y sustentado;  no hemos tenido, ni tenemos cuentas bancarias en el extranjero, ni sociedades “off shore”.  Nuestra formación y valores familiares, morales y éticos son más firmes que los prejuicios y la malintencionada presunción de quienes han tenido para con nosotros ulteriores oscuros intereses.

Con mi respeto y más alta consideración para con todos (as).

Gracias

Benjamín Colamarco Patiño

www.benjamincolamarco.com

“EDUCACIÓN: EL GRAN DESAFÍO”

*Por Benjamín Colamarco Patiño

La EDUCACIÓN y la CULTURA son dos temas en el tapete de la sociedad desde hace ya demasiado tiempo. Sin embargo, como en una ocasión dijera el  ex – Presidente Mujica de la República Oriental del Uruguay,  “una cosa es la retórica de la educación y otra cosa es que nos decidamos a hacer los sacrificios que implica lanzar un gran esfuerzo educativo y sostenerlo en el tiempo”.

La reforma educativa o el rediseño del sistema educativo, ciertamente es un tema pendiente muy complejo, que implica un proceso de corto, mediano y largo plazo que involucra a muchos actores con diversas líneas de pensamiento, niveles formativos y experiencias, algunos involucrados directamente, otros indirectamente pero todos bajo la idea o el entendimiento de que el sistema educativo es el elemento más importante de la sociedad, que requiere adaptarse a las nuevas realidades de la era digital y al surgimiento de nuevas necesidades.

El modelo educativo tradicional se encuentra en crisis. La educación nacional tiende a ser cada día más débil, de menor alcance, calidad y pertinencia. El personal docente, factor clave en este proceso, requiere de un mayor perfeccionamiento, actualización y profesionalización, con más incentivos y motivación.

En la sociedad panameña somos víctimas de la misma escuela que no hemos podido renovar en casi 40 años.

Entramos hace ya 18 años en un nuevo siglo, desde entonces cuántos niños han sufrido el “amaestramiento” de la escuela tradicional: métodos anticuados, memorísticos y mecánicos, transmisión atosigante y autoritaria de conocimientos, a veces obsoletos, raciocinio determinístico, teorías en abstracto con olvido de la teorización sobre la realidad, excesivo apego a los paradigmas del siglo pasado, privilegio de lo cuantitativo sobre lo cualitativo, atrasados en la ciencia, la comunicación y la tecnología.

Como dijera Carlos Matus: “no les enseñaron a aprender, sino a aprender lo que les enseñaron. La escuela básica desaprovecha el potencial de inteligencia, creatividad y personalidad que encierra una mente joven y vigorosa, llena de interrogantes sobre el mundo”.

Con esa formación parcial, muchas veces distorsionada, ajena a la utilización de métodos de procesamiento científicos por problemas (horizontales), anclada en el pasado, les toca enfrentar muchas veces una realidad y retos para los cuales no están suficientemente preparados.

En su vida al salir de la escuela debe encarar problemas que no se ajustan a los modelos aprendidos en la escuela formal y en su práctica social choca contra un sistema que se le hace difícil entender.

Los que llegan a la universidad sienten que algo les hace falta y la propia universidad les da la impresión de estar de espaldas a los problemas, las realidades y los desafíos de los nuevos tiempos: complejos, competitivos, vertiginosos, cambiantes y digitales.

La educación tradicional centrada en la enseñanza de enunciados y axiomas, debe avanzar hacia nuevas formas de aprendizaje autónomo, colaborativo. Hablamos de lo que los expertos en la materia expresan como “aprendizaje situacional”, “aprendizaje por descubrimiento”, “aprender a aprender” entre otras acepciones, con sus definiciones y contenidos, que una profunda REFORMA debe asumir como “actualizaciones del aprendizaje” (Ver Bertha Orozco F. Competencias y Currículum IISUE Mx.)

“Estas nuevas figuraciones de la educación, apuntalan nuevas formas de producir y transmitir conocimientos” (B. Orozco).

Se requiere aprender a incorporar el uso aplicativo de los avances científicos y tecnológicos, al tiempo que se privilegian nuevas lógicas y nuevos conceptos educativos como por ejemplo: el de “sociedad educada”, “sociedades de aprendizaje”, “educación centrada en el aprendizaje”, “aprender a aprender a lo largo de la vida”, “aprender a hacer” y “aprender a ser” (UNESCO 2005), como conceptos educativos que sostienen los países más desarrollados.

Estos conceptos no pueden desvincularse de un contexto democrático, participativo y justo, en el cual las personas puedan encontrar oportunidades de vida digna y no un camino que conduce a la pobreza, a la marginación, a la desesperanza.

Debemos valorar la educación como bien social y como bien público.

La educación es un derecho, y es deber del Estado y de la sociedad en su conjunto construir un amplio acuerdo para la inaplazable transformación del sistema educativo.

En el Programa del PRD sobre este tema, se señala: “El cambio no puede esperar. La educación es tarea de todos porque define el porvenir de las personas y del país. Estado y sociedad están obligados a enfrentar esta tarea para evitar el ensanche de la brecha social, y que la cultura ciudadana baje a un nivel de incompetencia que lleve a la nación a una peligrosa y cercana bancarrota económica y moral”.

Pero además, se ensancha cada vez más la brecha tecnológica entre los que tienen acceso a internet y redes de comunicaciones, y los que no.

Ahora bien, emprender la reforma supone resolver la paradoja  inclusión/exclusión. Ser incluyente debe ser una característica del sistema educativo, por lo que su transformación en la dirección deseada o esperada, debe ser diseñada de tal manera que sus requerimientos allanen el camino de la total inclusión de todos en el sistema, no en cuanto a sus principios o declaraciones, sino con relación a los hechos y la práctica.

Es preciso empezar ya por el principio, por las instituciones pedagógicas formadoras de educadores, porque este es un proceso que le llevará al país en su planificación y ejecución más de quince años de esfuerzos conjuntos, pero al final nos hará capaces de sacar mayores provechos del conocimiento, y adaptarnos mejor a la nueva economía, para vincularnos al mundo de manera inteligente.

Estoy convencido de que la educación y la cultura son la primera fuente de desarrollo; que además son promotoras de una movilidad social ascendente y factores concomitantes que producen una más equitativa distribución de la riqueza.

Una mejor sociedad no solo es una que sea instruida, sino culta. Culta en su modo de ser, de razonar, de actuar, de relacionarse y de organizarse.

La reforma de la educación es un imperativo moral.

*el autor es Economista, ex Ministro de Estado y ex Vice-presidente del PRD

Panamá, agosto de 2018

EL REDISEÑO DEL APARATO PÚBLICO

El contexto de complejidad y vertiginoso cambio que caracteriza la realidad actual, desafía a todos los gobiernos sin excepción, a nuevas prácticas y formas de organización para dar respuesta a las demandas crecientes de la sociedad. En este escenario, el Estado es un actor central en el proceso de producción de las políticas públicas, pero hoy, como nunca antes en la historia moderna, comparte el escenario con múltiples actores que tienen sus propios proyectos de transformación social.

Los gobiernos son demandados de forma creciente por una ciudadanía que tiene mayor poder de incidencia; basta tener presente el peso que las nuevas tecnologías de la información pusieron en manos de los ciudadanos a través de pequeños dispositivos inteligentes de comunicación, como también la de articular sus demandas a través de las redes sociales.

Gracias a la generación de conocimiento que posibilita Internet, cada vez más el conocimiento distribuido es más potente que el conocimiento individual. En este contexto, ya no se puede entender las políticas públicas como un proceso centrado en el saber experto de unos pocos; en cambio, el intercambio de datos, información y conocimiento entre los actores relevantes en cada ámbito de las políticas públicas, permite construir mejores respuestas a los crecientes desafíos que enfrentan los gobiernos. Este proceso colaborativo solo puede ser entendido en el marco de nuevas formas de liderazgo, superando los liderazgos egocéntricos característicos del siglo XX y dando paso a liderazgos socio-céntricos para potenciar la construcción colectiva.

Frente a estas transformaciones, en un espacio de producción social que se complejiza cada vez más, los gobiernos y la política enfrentan el desafío de rediseñar sus estructuras y prácticas de trabajo que fueron pensadas y diseñadas para épocas pasadas.
En un contexto de sociedad-red, el desafío es pasar de sistemas de información donde sólo la cúpula tiene el mayor grado de información, a un sistema integrado donde todos los componentes tienen acceso a la información y por ello, todos los componentes pueden elaborar respuestas a presiones o cambios del entorno. Sólo con información disponible y relevante, se encuentran las respuestas adecuadas.

La información tradicional (leyes, regulaciones, directivas, instructivos) se caracteriza por la alta despersonalización, el uso de jergas oscuras, ausencia casi de imágenes, gráficas o esquemas, ausencia de mecanismos interactivos de consulta, etc. Los movimientos del “Lenguaje Llano” o Plainlanguage – que plantea producir documentos públicos fácilmente comprensibles por los ciudadanos – han sido continuados por la experiencia en la Web, donde texto, imagen, sonido, video, audio e hiperlinks construyen una base de información multicapas, rica y abierta, que no solo apela a la lógica estructurada sino que llega a niveles de emotividad esenciales para cualquier comunicación humana eficaz.

El nuevo entorno con su complejidad y velocidad define un nuevo sistema de legitimación del juego político, en el cual un proyecto sólo es sustentable en el tiempo en la medida que logre acuerdos más amplios en un juego multiactoral. En el actual contexto, los ciudadanos no son receptores pasivos de los procesos de política, son sujetos de acción. Por ende, el proceso de gestión gubernamental implica reconocer que “allá afuera” hay muchos “otros” que tienen algo para decir.

Los sistemas democráticos se legitiman en las urnas, pero no alcanzan votaciones cada 5 años para sostener la legitimidad democrática. Esto obliga a repensar un modelo de Estado que sea permeable a las opiniones de los ciudadanos y tenga en sus diseños esquemas de transparencia, participación, colaboración y ordenamiento que permitan aprovechar la energía creativa e innovadora de los ciudadanos.

TRANSPARENCIA: ¿Por qué un gobierno transparente y con apertura de datos? Porque un gobierno que distorsiona la información no le puede pedir a la sociedad en los momentos de crisis que le tengan confianza, la confianza se gana en cada acto de gobierno.

PARTICIPACIÓN: ¿Por qué fomentar la participación ciudadana? Porque un gobierno que se encierra en los procesos de toma de decisión, no puede esperar que sus errores sean comprendidos, ni sus aciertos potenciados por los que no fueron invitados a participar en el proceso de producción de las políticas públicas.

COLABORACIÓN: ¿Por qué fomentar la colaboración? Porque un gobierno inteligente aprovecha el conocimiento distribuido en la sociedad para potenciar sus respuestas a los problemas que enfrenta. Un gobierno participativo promueve el derecho de la ciudadanía a colaborar organizada y activamente en la formulación de políticas públicas y facilitar el camino para que las administraciones públicas se beneficien del conocimiento, ideas y experiencia de los ciudadanos. Un gobierno colaborativo compromete e implica a los ciudadanos y demás agentes sociales en el esfuerzo por trabajar conjuntamente para resolver los problemas. Ello supone la cooperación y el trabajo coordinado no sólo con la ciudadanía, sino con las empresas, asociaciones, los gremios, los sindicatos, y permite el esfuerzo conjunto dentro de las propias administraciones, entre ellas y sus funcionarios transversalmente.

ORDENAMIENTO: ¿Por qué es necesario el ordenamiento? Porque sin un orden lógico y secuencial de instrucciones, operaciones y procesos simplificados, abiertos y ordenados, acompañados del perfeccionamiento y profesionalización de la función pública, sería muy difícil dar un salto cualitativo hacia la transformación de la estructura gubernamental.

¿Pueden los gobiernos desatender esta nueva realidad? Creemos que no, bajo el riesgo de quedar anquilosados en la inoperancia, bajo la presión de otros actores sociales. El viejo Estado “burocratista”, con una visión unidireccional, debe dejar paso al nuevo Estado “relacional”, que debe procurar articular la interacción social y en donde los aspectos intangibles como la información y comunicación son centrales para movilizar recursos públicos y privados en pos de enfrentar los problemas sociales. En esta visión, la interacción con múltiples actores es central.

En este sentido entendemos que la actitud más inteligente, es que la política, los políticos y las burocracias estatales tengan capacidad de adaptación a esta nueva realidad. Dependiendo de cuál sea la actitud de la dirigencia política, las TICs y las redes sociales pueden ser causa de su creciente deslegitimización o pueden ser un potente aliado para reconstruir la relación de los políticos y los partidos políticos como eficaces interlocutores sociales.

El desafío del PRD no es solo pensar y escribir mejores políticas públicas a favor de nuestro compromiso con los panameños y panameñas. Debemos ser capaces de gestionar una Administración Pública al servicio de un Panamá inclusivo, educado y capaz de vincularse al mundo de una manera inteligente; necesitamos pensar nuevas reglas de gestión sobre las que operan las administraciones públicas, reglas que hoy están dominadas por las rigideces, por el “burocratismo”, por la ausencia de un espíritu innovador que impiden respuestas eficaces. Debemos encarar las reformas necesarias para la apertura cooperativa con otros actores sociales.

Para ello, me atrevería a proponer cuatro (4) dimensiones para repensar las organizaciones públicas: a) fortalecer los ámbitos de conducción del Proyecto de Gobierno; b) modernizar los sistemas de gestión transversal de la administración estatal; c) incorporar la participación organizada de la ciudadanía como elemento sustantivo de las políticas públicas; d) rediseñar los sistemas de información estatal para actuar en red.

Estas ideas conllevan una nueva mentalidad y un abordaje distinto, para ir más allá de los caminos conocidos, bajo la premisa superadora de un enfoque sistémico y trans-disciplinario, es decir, considerando todas las partes que se interrelacionan, abarcando varias disciplinas de manera transversal, lejos de la vieja idea de la verticalidad departamentalizada a la que estamos acostumbrados.

Benjamín Colamarco Patiño

Panamá, 09 de mayo de 2018