La entrevista versó sobre la presentación ante la Dirección de Promoción de la Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional de Diputados, de un ante-proyecto de Ley presentado por mi persona, que establece las motivaciones y el contenido para la creación de una instancia permanente orgánica de participación ciudadana, que hemos denominado CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA EL DESARROLLO.
El anteproyecto tiene como uno de sus objetivos reconocer que las formas de participación ciudadana estimulan el dialogo social como acción comunicativa, orientada al entendimiento y la adopción de acuerdos aceptables para la colectividad.
Mediante el Consejo Económico y Social que se propone, se podrán instrumentar planes, proyectos y fórmulas de políticas públicas, cuyo objeto fundamental es asegurar objetivos y metas comunes de desarrollo económico y social, que permitan orientar el proceso de toma de decisiones en materia económica y social.
Al Consejo propuesto se le asignan obligaciones como las de promover el diálogo, la deliberación, la participación y la concertación entre los diferentes sujetos económicos, políticos y sociales, con el fin de impulsar la democracia, su consolidación y el fortalecimiento institucional; el compromiso social, la productividad y la competitividad económica; así como el desarrollo humano, incluyente, integral, participativo y sostenible, a través de políticas públicas consensuadas, con justicia y equidad.
Además, ser un organismo de consulta obligatorio para el Poder Ejecutivo, en orden al diseño, evaluación y seguimiento de políticas públicas, programas e instrumentos en materia económica y social
El Consejo también tendría como parte de sus obligaciones formular opiniones y recomendaciones para el diseño, elaboración, actualización, monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo del país, en lo relativo a los programas correspondientes en materias económica y social.
Conforme la propuesta presentada el Consejo debe constituirse en instancia orgánica de participación ciudadana, integrado de manera igualitaria por tres sectores representativos de los trabajadores y sindicatos, los empresarios y el tercer sector que corresponde a la academia y las organizaciones no gubernamentales no incluidas en los dos primeros grupos.
