economía

LA ECONOMÍA DETERMINA LA POLÍTICA… Y EL BIENESTAR SOCIAL PRESUME LA PAZ.

A. SITUACIÓN

1. La Pandemia ha impactado la economía mundial de tres maneras principales: afectando directamente la producción, creando trastornos en la cadena de suministro y en el mercado, y por su impacto financiero en las empresas y los mercados financieros.

2. El distanciamiento social y el confinamiento mediante la cuarentena y el aislamiento durante episodios subsiguientes de la virulencia del Covid-19, engloban comportamientos que generan estrés psicosocial que modifican de modo negativo el bienestar psicológico de la población en general.

2.1. El riesgo ha sido además el efecto negativo en los estratos poblacionales en situación económica precaria; convivencia en entornos de riesgo, entre otros factores, que producen incertidumbre, intranquilidad y agitación.

3. En el frente económico, ha ​ocasionado una reducción en la actividad
económica mundial debido a la globalización, que genera una dispersión en la
producción de partes y productos finales. 

3.1. En Panamá, dada la gran vinculación
de nuestro país con el mundo, nuestras exportaciones de bienes y servicios se han visto afectadas.

3.2. Consecuencia: 

Provocó un choque de oferta, a su vez generó un choque de demanda, al producirse una gran
suspensión de contratos de trabajo, y un crecimiento de la desocupación,
lo que ocasionó la pérdida de ingresos de importantes segmentos de nuestra población trabajadora (obreros, técnicos y profesionales). La falta de ingresos se está reflejando en la disminución, tanto del consumo como en la inversión privada.

4. Esta descripción resumida de la evolución del COVID-19 en Panamá y que aún
está en desarrollo, ha generado a la fecha fuertes impactos económicos y
sociales, entre los que podemos citar: caída de la actividad económica en su
conjunto, aumento de la desocupación, aumento de los niveles de la desigualdad, una fuerte caída de los ingresos fiscales, caída de los
ingresos de la Caja de Seguro Social, así como cambios tecnológicos en la educación y otros sectores de la economía.

4.1. Ciertos estratos de nuestra población en condición de vulnerabilidad social, sienten que sus perspectivas de futuro se les han ido cerrando, lo que es aprovechado por grupos radicales y «oportunistas del caos».​

B. LA ECONOMÍA.

5.  Es preciso hacer frente a los choques adversos a la actividad económica; darle la mayor fuerza posible a la recuperación de la actividad económica y laboral que podamos lograr con la dinamización de las actividades económicas; además de
asistir a los desempleados, a los informales, a los bolsones de pobreza, y a otros que han sido muy afectados por la crisis económica y social resultado de la crisis sanitaria mundial.

6. Debido a los efectos económicos y sociales ocasionados por esta pandemia, las
prioridades de gasto del gobierno deben ajustarse. 

6.1. La primera prioridad del gasto público está dirigida a cuidar la vida y salud de todos los habitantes de nuestro
país, por esta razón es importante asegurar los recursos necesarios para contener
la pandemia y garantizar los servicios. 

6.2. Otra prioridad, es proveer recursos al Plan COLMENA como articulador de la estrategia social; al Programa Panamá Solidario, creado para mitigar las necesidades de los
desempleados, formales e informales, así como a la población en pobreza, al igual que mantener otros auxilios, transferencias condicionadas y subsidios sociales. 

6.3. Los dos puntos anteriores implican un gran esfuerzo de coordinación entre la
atención sanitaria y sus resultados, en conjunto con las tareas de reactivación y
recuperación de la actividad económica y laboral. Por esta razón es necesario reestructurar
el presupuesto de gastos para transferir recursos adicionales al MINSA y a la
CSS, y fondos para ejecutar el Plan Colmena, y el Programa Panamá Solidario y los otros programas sociales.

6.4. Todo lo anterior conlleva un seguimiento continuo a la ejecución de la estrategia financiera diseñada por el
Gobierno, la cual se ha visto muy afectada por la caída de los ingresos corrientes.

6.5. La estrategia financiera debe incorporar la contratación de nuevos créditos externos para cubrir la caída de los ingresos corrientes.

6.6. Es de urgencia lograr recursos adicionales al Presupuesto General del Estado.

6.7. Objetivo: 

Mantener el nivel de gasto en la economía y de esta manera
no afectar, adicionalmente, el necesario crecimiento del PIB.

6.8. La estrategia financiera diseñada para enfrentar los efectos de la Pandemia, de la guerra en el Este de Europa y sus efectos nocivos, y el cambio climático, debería concentrarse en dos negociaciones simultáneas:

a) Con los
Organismos Financieros Multilaterales.

b)  Con los Mercados Financieros… (créditos, títulos de deuda, bonos)

6.9. En primer lugar, negociar la consecución de fondos para financiar el déficit
presupuestario ante la caída de los ingresos corrientes. 

6.10. En segundo lugar, negociar la obtención de recursos que no se requieren para financiar el déficit fiscal, pero que son necesarios para los programas de financiamiento de las cooperativas, la micro, pequeña y mediana empresa, los programas de reapertura económica y apoyo a la producción agropecuaria y a los programas sociales (COLMENA, PANAMÁ SOLIDARIO, RED DE OPORTUNIDADES, etc.)

6.10.1. Es de urgencia ampliar la consecución de recursos financieros para poder enfrentar los compromisos de pago de las obras públicas.

6.11. Ante los efectos negativos en el bienestar económico de los países, urge inyectar liquidez en la economía.

6.12. Ante esta emergencia económica a nivel mundial, agravada por la guerra en el este de Europa, que está provocando la disminución de la actividad económica en Panamá, una espiral inflacionaria, y altos índices de desempleo, así como la disminución en los ingresos fiscales corrientes, el Gobierno de Panamá se ve en la
necesidad de modificar los topes del déficit fiscal del Sector Público no Financiero.

6.13. La Ley de Responsabilidad Social Fiscal aprobada en el 2020, estableció los siguientes topes del déficit:

2020 2021 2022 2023 2024 2025 en adelante

10.5 % – 7.5% – 4.0% -2.0% – 2.0% – 1.5%.

(¡»camisa de fuerza»!).

C.  CONCEPTOS E NDICADORES

7. El déficit público implica la emisión de deuda pública para compensarlo, lo que a mediano y largo plazo (2025 2029 y más) daría lugar a recortes en los gastos o a un aumento de los impuestos.

Nota:  recordemos que Panamá no tiene banca central, ni puede hacerse de la política monetaria.

8. PIB es la suma del valor de todos los bienes y servicios producidos en la economía de un país en un año determinado, mientras que el IPC solo mide los precios de los bienes y servicios comprados por los consumidores.

9. El Índice de Precios al Consumidor (IPC), es el instrumento a través del cual se mide la inflación en6 Panamá, este presentó una variación interanual de 3.2% acumulada, al cierre de marzo, y un acumulado de 2.8% en el período enero-marzo de 2022.

10. Pandemia (2021), indicadores de pobreza en Panamá:

Pobreza: 
23 %

Extrema pobreza:
11 %

11. Alerta: 

Grandes aumentos en la inequidad minan la confianza en el mapa democrático, de mercado y del Estado.

11.1. Incluso el sistema de mercado más eficiente puede generar una gran desigualdad.

11.2. Altos niveles de la desigualdad pueden hacer que la gente crea que la forma en que trabaja el sistema económico no está trabajando para todos los ciudadanos.  

12. El Gobierno debe incentivar la producción de bienes públicos (seguridad, carreteras, salud, ciencia y tecnología, etc.).

​13. La ampliación de la inversión y la función pública, permitirá un desarrollo de los factores productivos, estimulado por un alto nivel de demanda agregada.  

14. La ruta NO es cortar en el gasto. Ya tenemos una caída en infraestructura (construcción de obras), limitaciones en educación y realmente la forma de hacer crecer la economía es aumentando el gasto público.

D. ACTUAR FUERA DE LA TEORÍA ORTODOXA

15. Utilizar el poder fiscal del Gobierno para influir en la tasa de crecimiento, en los niveles de producción y empleo.

16. Si en las condiciones actuales marcadas por los efectos de la pandemia y la guerra en el este de Europa, la inversión y el gasto público continúan siendo los mismos, la reducción del gasto de consumo reducirá entonces el PIB y el empleo.

17. La inversión y el gasto público representan corrientes de gasto autónomas que con el gasto de consumo inducido determinan el nivel de la producción nacional.

18. Utilicemos el multiplicador del gasto público, entendiendo que el aumento del PNB es el resultado del incremento del gasto público en bienes y servicios.

18.1. La compra inicial por parte del Estado de un bien o un servicio, pone en marcha una cadena de gasto secundario (si el Gobierno construye una carretera, los constructores se gastan parte de su renta en bienes de consumo, lo que genera, a su vez, renta, parte de la cual vuelve a gastarse).

19. Ojo con la «paradoja de la frugalidad» en tiempos de crisis. Sin lugar a dudas el ahorro y la inversión en condiciones de expansión del ciclo económico ayudan a prosperar, no obstante, en situación de desaceleración o fase recesiva del ciclo económico, en un modelo del multiplicador en que no varía la inversión, el aumento del ahorro, reduce de hecho la renta, la producción y el empleo.

20. Las transferencias públicas ayudan a moderar las oscilaciones del ciclo económico.

21. El factor multiplicador Keynesiano indica que un aumento del gasto en inversión termina provocando un aumento multiplicado de la producción, la renta y el empleo.

22. Conceptuo que la política económica es la herramienta clave para sacar a nuestro país de la crisis global que estamos atravesando.

22.1. Precisamos estimular la demanda agregada que hay en la economía.

22.2. La mejor manera de estimular la demanda es utilizar la política fiscal, el déficit público.

22.3. Incrementar el gasto del Estado:

El Estado en una situación de crisis o en la fase recesiva del ciclo económico, debe gastar lo que no gastan los agentes privados.

23. El problema:

Los trabajadores parados, las máquinas paradas, la importante cantidad de recursos disponibles y sin uso que se acumulan durante una crisis.

23.1. Cuando el Estado gaste, por ejemplo, en obras públicas, pagará a las empresas adjudicatarias de las obras y éstas a los obreros, a sus proveedores, a quienes les han prestado dinero.

Así, los trabajadores tendrán dinero en el bolsillo para gastar, de forma que se incrementará la demanda de las empresas a las que adquieran los bienes y servicios esos trabajadores. Esas empresas funcionarán a mayor rendimiento y se creará empleo.

Como cada consumidor gasta una proporción de lo que dispone, incrementa el gasto de los demás, porque su gasto será renta para otro. Ese otro consumirá también una parte de lo que le pagan.

No es un proceso sin fin, porque con cada fase solamente se gasta una parte (la otra se ahorra), de forma que los incrementos adicionales son cada vez más pequeños, pero el gasto se multiplica.

23.2. De lo que se trata es de que el Estado, gastando sin retirar dinero del bolsillo de los consumidores, endeudándose, conseguirá levantar la demanda. Esa mayor demanda será la que conseguirá poner en marcha algunos de los recursos no empleados, como trabajadores en paro o máquinas paradas.

24. Los límites del déficit para Panamá consignados en la Ley de RSF (4% 2022, 2% 2023) restringen la posibilidad del Estado de enfrentar la crisis, lo que impedirá cumplir los compromisos pactados con las empresas contratistas del Estado, disminuyendo las oportunidades de empleo, retrasando la culminación de obras, y propiciaría el aumento de la agitación social y la ruptura del orden público.

​Benjamín Colamarco Patiño

Panamá, mayo de 2022.

Mes XXVI de la Pandemia

www.benjamincolamarco.com

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Por Benjamín Colamarco Patiño

La experiencia y observación analítica de la dinámica de los hechos, nos indica que el desarrollo de la infraestructura en América Latina es la vía que podrá viabilizar y sostener, a futuro, el crecimiento de la región.

La infraestructura es la base que sustenta la economía del desarrollo, y que determina la capacidad de la estructura social y de los conglomerados comerciales e industriales y de la producción agropecuaria, para lograr niveles óptimos de crecimiento e impulsar nuevas iniciativas de inversión, fomento, demanda de bienes de capital y consumo.

Lo que algunos economistas llamamos la “supra-estructura”, que incluye todo el entramado social, los sistemas de comunicación, intercambio y conocimientos, las redes de contactos (formales e informales), las instituciones políticas y legales, necesitan de un verdadero sistema de infraestructuras para su crecimiento y evolución. Todo debe estar interconectado sistémicamente.

Cualquier cambio o transformación en la “supra-estructura”, sólo se puede lograr reformando o mejorando la “infraestructura”, en el sentido más amplio y comprensivo de la palabra (fuerzas productivas; relaciones de producción; acervo físico y material, etc.).

El juego social de América Latina, debería seguir en sus planes de estímulo económico, colocar a la infraestructura como una parte fundamental de su composición.

Existen estudios del Banco Mundial, que advierten sobre la poca inversión estratégica que existe en América Latina y el Caribe.

El liderazgo político en nuestra región, debe tener una visión de largo plazo. Es preciso encender las luces largas y ver más allá de la curva, impulsarnos hacia el frente, crear nuevos caminos, superando viejos esquemas y dogmas que reducen nuestro campo de acción e impiden mirar más lejos en el horizonte.

Si no invertimos sustantivamente en obras de infraestructura (caminos; carreteras; puentes; autopistas; viaductos; puertos; aeropuertos; canales; ferrocarriles; presas; parques y plantas generadoras de energía; redes y nodos de comunicaciones; potabilizadoras; acueductos; oleoductos; gasoductos; etc., etc.), cuando salgamos de la desaceleración o “ralentización” de la economía, situación por la que discurre actualmente la mayoría de los países de nuestra región, y la economía recupere su fortaleza y dinámica (auge o fase expansiva del ciclo económico), volverán a aparecer los típicos problemas de cortes de energía, de cuellos de botella en los puertos marítimos, de falta de interconexión, de poblados aislados de todo, de zonas productivas de difícil acceso que no pueden aprovechar todas sus potencialidades y recursos, etc., y todo esto, por una visión miope y “cortoplacista” que no permite la planificación estratégica coherente y la “priorización” de la inversión en infraestructuras para el desarrollo.

Ni siquiera existe una conexión terrestre de calidad entre Panamá y Colombia, y debo decir que por subjetivas razones basadas en prejuicios, viejas enfermedades controladas y controlables e intereses ocultos.

Es un contrasentido que en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, un Continente entero esté separado por una incomprensible estrechez de miras de ciertos sectores o grupos, presionados por determinados intereses o víctimas de sus propios miedos e inseguridades.

Las carreteras son sinónimo de desarrollo, progreso y oportunidades, pero además, en el caso del “Tapón del Darién”, significa la diferencia entre la existencia de una especie de “tierra de nadie”, sin ordenamiento alguno, una “coladera” abandonada a lo que sea, donde la afirmación de la presencia del Estado es eventual y coyuntural, y un corredor fronterizo, amable con el ambiente, con respeto a las normas legales que regulan la conservación y con plena vigencia y presencia permanente de la institucionalidad nacional de los Estados que la comparten.

Los Latinoamericanos deberíamos pensar con criterio analítico en la integración, en los conceptos anfictiónicos, y con el respeto debido a las instancias nacionales, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esa frontera entre pueblos hermanos, gente buena (porque pareciera que para algunos, que todo lo generalizan, y todo lo ven negativo, sólo hay gente mala), se abra al tránsito terrestre, ordenado y controlado.

Debemos tener el cuidado de que la inversión en infraestructura, se haga también, con criterios de equidad y justicia social, con fiscalización ciudadana, en el marco de una lógica del desarrollo. Debemos evitar, en este sentido, que la inversión en infraestructura se concentre, sólo por supuestos criterios de “viabilidad económica”, o peor aún, por puro criterio “politiquero” en los grandes centros urbanos, como ha sido el caso durante la última década en América Latina: ciudades muy desarrolladas, pero con deficiencias en la conectividad interurbana, con mala infraestructura para conectarse, y regiones en algunos casos incluso cercanas a las grandes urbes, donde la infraestructura es paupérrima o inexistente.

La misma atención debemos tener con relación al estudio y desarrollo de las técnicas que faciliten o mejoren el mantenimiento de las plantas industriales; de las potabilizadoras; de los puertos y carreteras; de las infraestructuras en general, etc. La gestión del mantenimiento (rutinario y periódico, preventivo y correctivo) debe identificar el conjunto de técnicas destinado a conservar equipos e instalaciones en servicio, durante el más largo tiempo posible, buscando la más alta disponibilidad, la fiabilidad, la vida útil y los máximos beneficios (Nota: ver Ingeniería del Mantenimiento).

Desde una visión prospectiva, siempre debemos pensar en cómo queremos que la región se vea en el año 2025 y cómo nos insertaremos en la economía mundial y cuáles deben ser los proyectos que son necesarios para que esa inserción sea exitosa y productiva para nuestros pueblos.

Panamá, 28 de febrero de 2019

*El autor es economista, Ex Ministro de Estado y Ex Vicepresidente del PRD

Entrevista de Radio Panamá sobre el ante-proyecto de Ley relacionado con el Consejo Económico y Social para el Desarrollo

La entrevista versó sobre la presentación ante la Dirección de Promoción de la Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional de Diputados, de un ante-proyecto de Ley presentado por mi persona, que establece las motivaciones y el contenido para la creación de una instancia permanente orgánica de participación ciudadana, que hemos denominado CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA EL DESARROLLO.

El anteproyecto tiene como uno de sus objetivos reconocer que las formas de participación ciudadana estimulan el dialogo social como acción comunicativa, orientada al entendimiento y la adopción de acuerdos aceptables para la colectividad.

Mediante el Consejo Económico y Social que se propone, se podrán instrumentar planes, proyectos y fórmulas de políticas públicas, cuyo objeto fundamental es asegurar objetivos y metas comunes de desarrollo económico y social, que permitan orientar el proceso de toma de decisiones en materia económica y social.

Al Consejo propuesto se le asignan obligaciones como las de  promover el diálogo, la deliberación, la participación y la concertación entre los diferentes sujetos económicos, políticos y sociales, con el fin de impulsar la democracia, su consolidación y el fortalecimiento institucional; el compromiso social, la productividad y la competitividad económica; así como el desarrollo humano, incluyente, integral, participativo y sostenible, a través de políticas públicas consensuadas, con justicia y equidad.

Además, ser un organismo de consulta obligatorio para el Poder Ejecutivo, en orden al diseño, evaluación y seguimiento de políticas públicas, programas e instrumentos en materia económica y social

El Consejo también tendría como parte de sus obligaciones formular opiniones y recomendaciones para el diseño, elaboración, actualización, monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo del país, en lo relativo a los programas correspondientes en materias económica y social.

Conforme la propuesta presentada el Consejo debe constituirse en instancia orgánica de participación ciudadana, integrado de manera igualitaria por tres sectores representativos de los trabajadores y sindicatos, los empresarios y el tercer sector que corresponde a la academia y las organizaciones no gubernamentales no incluidas en los dos primeros grupos.