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INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Por Benjamín Colamarco Patiño

La experiencia y observación analítica de la dinámica de los hechos, nos indica que el desarrollo de la infraestructura en América Latina es la vía que podrá viabilizar y sostener, a futuro, el crecimiento de la región.

La infraestructura es la base que sustenta la economía del desarrollo, y que determina la capacidad de la estructura social y de los conglomerados comerciales e industriales y de la producción agropecuaria, para lograr niveles óptimos de crecimiento e impulsar nuevas iniciativas de inversión, fomento, demanda de bienes de capital y consumo.

Lo que algunos economistas llamamos la “supra-estructura”, que incluye todo el entramado social, los sistemas de comunicación, intercambio y conocimientos, las redes de contactos (formales e informales), las instituciones políticas y legales, necesitan de un verdadero sistema de infraestructuras para su crecimiento y evolución. Todo debe estar interconectado sistémicamente.

Cualquier cambio o transformación en la “supra-estructura”, sólo se puede lograr reformando o mejorando la “infraestructura”, en el sentido más amplio y comprensivo de la palabra (fuerzas productivas; relaciones de producción; acervo físico y material, etc.).

El juego social de América Latina, debería seguir en sus planes de estímulo económico, colocar a la infraestructura como una parte fundamental de su composición.

Existen estudios del Banco Mundial, que advierten sobre la poca inversión estratégica que existe en América Latina y el Caribe.

El liderazgo político en nuestra región, debe tener una visión de largo plazo. Es preciso encender las luces largas y ver más allá de la curva, impulsarnos hacia el frente, crear nuevos caminos, superando viejos esquemas y dogmas que reducen nuestro campo de acción e impiden mirar más lejos en el horizonte.

Si no invertimos sustantivamente en obras de infraestructura (caminos; carreteras; puentes; autopistas; viaductos; puertos; aeropuertos; canales; ferrocarriles; presas; parques y plantas generadoras de energía; redes y nodos de comunicaciones; potabilizadoras; acueductos; oleoductos; gasoductos; etc., etc.), cuando salgamos de la desaceleración o “ralentización” de la economía, situación por la que discurre actualmente la mayoría de los países de nuestra región, y la economía recupere su fortaleza y dinámica (auge o fase expansiva del ciclo económico), volverán a aparecer los típicos problemas de cortes de energía, de cuellos de botella en los puertos marítimos, de falta de interconexión, de poblados aislados de todo, de zonas productivas de difícil acceso que no pueden aprovechar todas sus potencialidades y recursos, etc., y todo esto, por una visión miope y “cortoplacista” que no permite la planificación estratégica coherente y la “priorización” de la inversión en infraestructuras para el desarrollo.

Ni siquiera existe una conexión terrestre de calidad entre Panamá y Colombia, y debo decir que por subjetivas razones basadas en prejuicios, viejas enfermedades controladas y controlables e intereses ocultos.

Es un contrasentido que en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, un Continente entero esté separado por una incomprensible estrechez de miras de ciertos sectores o grupos, presionados por determinados intereses o víctimas de sus propios miedos e inseguridades.

Las carreteras son sinónimo de desarrollo, progreso y oportunidades, pero además, en el caso del “Tapón del Darién”, significa la diferencia entre la existencia de una especie de “tierra de nadie”, sin ordenamiento alguno, una “coladera” abandonada a lo que sea, donde la afirmación de la presencia del Estado es eventual y coyuntural, y un corredor fronterizo, amable con el ambiente, con respeto a las normas legales que regulan la conservación y con plena vigencia y presencia permanente de la institucionalidad nacional de los Estados que la comparten.

Los Latinoamericanos deberíamos pensar con criterio analítico en la integración, en los conceptos anfictiónicos, y con el respeto debido a las instancias nacionales, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esa frontera entre pueblos hermanos, gente buena (porque pareciera que para algunos, que todo lo generalizan, y todo lo ven negativo, sólo hay gente mala), se abra al tránsito terrestre, ordenado y controlado.

Debemos tener el cuidado de que la inversión en infraestructura, se haga también, con criterios de equidad y justicia social, con fiscalización ciudadana, en el marco de una lógica del desarrollo. Debemos evitar, en este sentido, que la inversión en infraestructura se concentre, sólo por supuestos criterios de “viabilidad económica”, o peor aún, por puro criterio “politiquero” en los grandes centros urbanos, como ha sido el caso durante la última década en América Latina: ciudades muy desarrolladas, pero con deficiencias en la conectividad interurbana, con mala infraestructura para conectarse, y regiones en algunos casos incluso cercanas a las grandes urbes, donde la infraestructura es paupérrima o inexistente.

La misma atención debemos tener con relación al estudio y desarrollo de las técnicas que faciliten o mejoren el mantenimiento de las plantas industriales; de las potabilizadoras; de los puertos y carreteras; de las infraestructuras en general, etc. La gestión del mantenimiento (rutinario y periódico, preventivo y correctivo) debe identificar el conjunto de técnicas destinado a conservar equipos e instalaciones en servicio, durante el más largo tiempo posible, buscando la más alta disponibilidad, la fiabilidad, la vida útil y los máximos beneficios (Nota: ver Ingeniería del Mantenimiento).

Desde una visión prospectiva, siempre debemos pensar en cómo queremos que la región se vea en el año 2025 y cómo nos insertaremos en la economía mundial y cuáles deben ser los proyectos que son necesarios para que esa inserción sea exitosa y productiva para nuestros pueblos.

Panamá, 28 de febrero de 2019

*El autor es economista, Ex Ministro de Estado y Ex Vicepresidente del PRD

Entrevista de Radio Panamá sobre el ante-proyecto de Ley relacionado con el Consejo Económico y Social para el Desarrollo

La entrevista versó sobre la presentación ante la Dirección de Promoción de la Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional de Diputados, de un ante-proyecto de Ley presentado por mi persona, que establece las motivaciones y el contenido para la creación de una instancia permanente orgánica de participación ciudadana, que hemos denominado CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA EL DESARROLLO.

El anteproyecto tiene como uno de sus objetivos reconocer que las formas de participación ciudadana estimulan el dialogo social como acción comunicativa, orientada al entendimiento y la adopción de acuerdos aceptables para la colectividad.

Mediante el Consejo Económico y Social que se propone, se podrán instrumentar planes, proyectos y fórmulas de políticas públicas, cuyo objeto fundamental es asegurar objetivos y metas comunes de desarrollo económico y social, que permitan orientar el proceso de toma de decisiones en materia económica y social.

Al Consejo propuesto se le asignan obligaciones como las de  promover el diálogo, la deliberación, la participación y la concertación entre los diferentes sujetos económicos, políticos y sociales, con el fin de impulsar la democracia, su consolidación y el fortalecimiento institucional; el compromiso social, la productividad y la competitividad económica; así como el desarrollo humano, incluyente, integral, participativo y sostenible, a través de políticas públicas consensuadas, con justicia y equidad.

Además, ser un organismo de consulta obligatorio para el Poder Ejecutivo, en orden al diseño, evaluación y seguimiento de políticas públicas, programas e instrumentos en materia económica y social

El Consejo también tendría como parte de sus obligaciones formular opiniones y recomendaciones para el diseño, elaboración, actualización, monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo del país, en lo relativo a los programas correspondientes en materias económica y social.

Conforme la propuesta presentada el Consejo debe constituirse en instancia orgánica de participación ciudadana, integrado de manera igualitaria por tres sectores representativos de los trabajadores y sindicatos, los empresarios y el tercer sector que corresponde a la academia y las organizaciones no gubernamentales no incluidas en los dos primeros grupos.