La desactualización en que ha ido cayendo el Sistema de Clasificación y Retribución de Puestos que rige para la Administración Pública panameña, ha propiciado que desde hace más de quince años, las remuneraciones de los servidores públicos no obedezcan a criterios técnicos, ni uniformes: se ha dejado de cumplir el precepto constitucional que señala que a trabajo igual, en idénticas condiciones, corresponde siempre, igual salario o sueldo.
Todo lo anterior, sumado a la arbitraria “suspensión” de los efectos de la Carrera Administrativa durante la Administración Moscoso, generó entre los servidores públicos, una enorme desmotivación, descontentos e incertidumbres.
El panorama planteado no resiste más reflexiones sobre esta problemática, antes por el contrario, requiere tomar urgentes medidas al respecto.
Somos conscientes de que una nueva Escala General de Sueldos, que lleve implícitos los conceptos de mercado de trabajo y costo de vida, como óptimo producto sería lo más deseable. Sin embargo, no podemos soslayar que la economía panameña se encuentra en una encrucijada en términos de crecimiento y sostenibilidad. El modelo que heredamos tiene problemas intrínsecos para generar un número mayor de nuevos empleos y produce un bajo nivel de ingresos fiscales.
No obstante, creemos oportuno estimular una iniciativa, a fin de que se elabore un Anteproyecto de Ley, por medio del cual se dicten disposiciones sobre clasificación y retribución de puestos para la Administración Pública y otras medidas de carácter general, que propugnen por un ordenamiento en la administración de salarios en el Sector Estatal. Esta sería una loable iniciativa y marcaría el inicio en esta ardua, delicada y necesaria labor, pudiéndose señalar la importancia del mismo en los siguientes puntos:
- Poner orden en la administración de salarios, iniciándose con la fijación de salarios bases para todos los puestos (clases ocupacionales) del Sector Público, no cubiertos por los regímenes de salarios legalmente vigentes, los cuales han de ser respetados.
- Regularizar la administración de salarios en cuanto a normas y procedimientos para:
- Fijación del salario a las personas que ingresan por primera vez al servicio público.
- Determinación del salario para los casos de ascensos, aumentos y permutas.
Si bien es cierto que la gran mayoría de los funcionarios públicos se encuentran mal retribuidos, no deja de ser menos cierto que dentro de este grupo, existen muchos en más difíciles condiciones salariales que otros. Y es aquí, donde toma importancia el hecho de que, pese a las dificultades heredadas, un ordenamiento en los salarios de los servidores públicos sería el inicio de un proceso de justicia salarial y un gran aporte al adecentamiento en la administración de las remuneraciones en el Sector Público.
El Gobierno del Presidente Torrijos ha propuesto un Proyecto Nacional, novedoso tanto en lo social como en lo económico, con el Desarrollo Humano Sostenible como eje cardinal, promoviendo a mediano plazo una economía que tenga la capacidad de generar crecimiento, empleo y mejorar la distribución del ingreso. Esto requiere la transformación del aparato gubernamental, racionalizándolo y haciéndolo más eficaz y moderno. Consecuentemente, tenemos la necesidad de asumir una posición responsable en materia de gestión del recurso humano y en las acciones de política salarial presentes y futuras.
Esta determinación conlleva la profesionalización de la función pública y la salvaguarda de los más sanos intereses de la mayoría de los Servidores del Estado con amplia experiencia, que desempeñan sus funciones con eficiencia, lealtad y honestidad. En este orden de ideas, la necesidad de lograr un ordenamiento salarial y la aplicación próximamente en nuestro país de la Carrera Administrativa, como instrumento de justicia, enmarcada dentro de los preceptos Constitucionales, que garantice la estabilidad en base a méritos y probidad del funcionario público y coadyuve a lograr mayor eficiencia, orden, disciplina, profesionalismo y productividad en la Administración Pública panameña, debe ser un objetivo nacional.
Benjamin Colamarco
26 de octubre de 2005