La Administración Martinelli-CD, ha manejado las finanzas del Estado de forma irresponsable.

La deuda pública de Panamá ha alcanzado  casi 17,000 Millones de Dólares en estos cinco años, sin considerar el pago de las obras “llave en mano”, ni las deudas contraídas por empresas públicas como la Autoridad Nacional de Autopistas; ETESA; Tocumen, entre otras, que fueron sacadas del Balance Fiscal por el actual Gobierno.

Sobre esta situación, debemos añadir el hecho de que pese a que la economía panameña ha crecido de manera regular y sostenida durante los últimos 9 años, mientras que entre los años 2005 y 2008, tuvimos superávit y se sanearon las finanzas públicas, en sentido contrario, durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013, los gastos públicos han sido superiores a los ingresos así: -511.7; -703.1; -765.3; -1,219.4 Millones de Dólares por año respectivamente, diferencia (déficit) que ha tenido que ser balanceada con préstamos y títulos de deuda adicionales.

La prudencia nos indica que, cuando estamos en la fase de expansión del ciclo económico (auge – crecimiento), los gobiernos deben disminuir su endeudamiento y generar ahorro corriente. Cuando los gobiernos se exceden en sus gastos, aumentando el endeudamiento más allá de lo razonable, lo que producen es una “ralentización” de la economía y su paulatino “enfriamiento”, que además puede reducir el stock de capital de la economía, cuyas consecuencias prácticas las podemos observar con lo ocurrido en las economías de Grecia y España, por mencionar sólo dos casos.

En la gestión pública, siempre debemos tener presente que la economía es cíclica, existe la fase de crecimiento (auge) y la fase de decrecimiento (contracción), que es responsabilidad del Estado definir políticas de estabilización para prever y limar las cimas y los fondos del ciclo económico, hecho que el actual gobierno del CD, desconoce.

Esto es fácilmente demostrable al constatar que a última hora y con claros intereses “electoreros”, la Administración Martinelli-CD ha procedido a adjudicar multimillonarios proyectos cuando quedan apenas pocas semanas del actual Gobierno. Esta conducta es el corolario de una perniciosa concepción del CD, de que el Estado es su negocio.

Obviamente, se está violando el espíritu de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, para no hablar de los límites que durante los períodos de elecciones, impone el Código Electoral y su reglamentación.

Comprometer más de mil millones de dólares del presupuesto del MOP, a ser pagados entre los años 2015 y 2019, como lo acaban de anunciar, es irresponsable, es un abuso de poder, que hipoteca las posibilidades de otras prioridades nacionales a ser consensuadas, dentro de un PLAN NACIONAL de DESARROLLO integral y sostenible.

Pero además, impide una formulación presupuestaria que conlleve los principios de eficiencia, equidad, transparencia, equilibrio, responsabilidad, estabilización, priorización, en el marco de políticas públicas vinculadas a una lógica del desarrollo, que el actual gobierno desconoce y que no puede imponer a futuro, conforme sus propios particulares intereses.

Pero también, el apuro de entregar órdenes de proceder para publicitar masivamente en los medios y la propaganda oficialista, implica que se den más sobrecostos y que se abulten los pagos diferidos a futuro, que ya se estiman en $835 millones para el 2014; $927 millones para el 2015; $877 millones para el 2016, sin contar las adjudicaciones que a tambor batiente están entregando en estos últimos días de gestión, que comprometerán el presupuesto hasta el año 2019.

*El autor es Economista y Ex Ministro de Estado.